La Justicia penal investiga presuntas maniobras de falsificación de documentos en el marco de un millonario juicio sucesorio. Dos mujeres que se presentaron como herederas quedaron bajo sospecha tras denuncias cruzadas, luego de aportar un testamento y un acta matrimonial que habrían sido adulterados, en un expediente que involucra 20 inmuebles y fondos bancarios del fallecido.

Guillermo César Lerner nació en Buenos Aires pero a los pocos años se mudó a Tucumán junto a sus padres, Jacobo Lerner y Celia Luisa Cesario. La familia abrió una empresa dedicada a comercializar productos de limpieza y químicos industriales, legado que continuó Guillermo luego de que sus padres fallecieran.

El 16 de abril de 2021 el hombre perdió la vida a los 73 años, cuando estaba internado en el hospital Centro de Salud por haberse contagiado de Covid-19. Al morir dejó un patrimonio valuado en aproximadamente U$S 6 millones, compuesto por una millonaria cuenta bancaria y 20 inmuebles ubicados en barrio Norte, el microcentro, Yerba Buena, Los Pocitos y Jujuy. Al no tener herederos forzosos -ascendientes ni descendientes-, y tampoco herederos en línea colateral, H., un conocido de Guillermo alertó al Estado provincial que la herencia estaba vacante.

Según explicó el abogado Santiago Martínez López Pondal -quien representa a H-, en Tucumán rige desde 1952 la ley 2.461, la cual indica que, en caso de que un particular se presente ante el Estado provincial a través de la Fiscalía de Estado a denunciar una herencia vacante, el Estado reconoce un 50% de latencia al denunciante como recompensa y el otro 50% restante ingresa a las arcas de la provincia.

Presentaciones cruzadas

En paralelo a la denuncia de H, en abril de 2021 una mujer, M.A.B, se acercó a la Justicia Civil con sus abogados para iniciar un juicio por sucesión, invocando ser la única heredera testamentaria del patrimonio de Guillermo. En dicha presentación, contó que su relación con los Lerner se inició en 1984 cuando ingresó a trabajar como empleada administrativa de la empresa familiar. Según su relato, con los años se habría convertido en socia de la empresa y además habría generado un fuerte vínculo afectivo con Jacobo, Celia y Guillermo, al punto de considerarla una más de su familia.

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También dijo que, producto de la confianza que tenían con ella, era quien se encargaba de manejar las cuentas bancarias empresariales y familiares y del cuidado médico y personal cuando los tres se enfermaron en diferentes años.

En su escrito informó que en junio de 2020 Guillermo habría firmado un testamento donde se la instituía como única y universal heredera en agradecimiento por haber sido su colaboradora y compañera durante 40 años.

Cuatro meses después, en agosto de 2021, una segunda mujer, S.P.C, solicitó que se suspendieran los términos de sucesión, y presentó una supuesta acta de matrimonio entre ella y Guillermo, firmada en 2019 en Alpachiri.

De esta forma comenzó una batalla legal entre ambas mujeres. M.A.B denunció a S.P.C acusándola de que la firma y el DNI de Guillermo habían sido falsificados en el acta de matrimonio. A su vez, la presunta esposa dijo que el testamento que entregó M.A.B era apócrifo ya que el documento habría sido firmado un sábado bajo las medidas de restricción por la pandemia y que la huella dactilar de Lerner era falsa.

Demanda penal

“Lo llamativo de todo este proceso es que en ambas demandas, justo cuando estaban en proceso de pruebas, donde se sortearon peritos calígrafos que iban a determinar la intervención y autoría de la firma y huella dactilar del fallecido, las dos pretensas herederas ante el peligro de que se declaren los dos documentos falsos, situación en la cual las dos se quedarían sin ningún bien de la herencia millonaria, decidieron firmar un convenio donde ambas partes desistían de las acciones de falsedad y donde se repartían las propiedades en un 50% para cada parte”, le explicó a LA GACETA Martínez López Pondal.

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Ante esta situación, H. denunció penalmente a las dos mujeres, antes de que se concretaran las ventas de los inmuebles. El expediente actualmente es investigado por Fernando Blanno, titular de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II. En consecuencia a la demanda en el fuero penal, la jueza encargada de la sucesión resolvió suspender la extensión de las autorizaciones de venta de las supuestas herederas.

“En la causa penal se concretaron varios allanamientos en las casas de los denunciados, se secuestró documentación y computadoras y se allanó la librería donde se imprimió una huella digital del fallecido para ser insertada en el testamento. No obstante, una de las partes, en clara desobediencia judicial, decidió vender una valiosa propiedad en avenida Perón y Bascary por U$S 300.000”, advirtió el abogado y adelantó que se presentarán como querellantes en la causa.

“Vamos a instar al Superior Gobierno de la Provincia a que instruya a la Fiscal de Estado a presentarse tanto en la causa Penal como en el Juicio Civil y se soliciten todas las medidas tendientes a que se determine la falsedad del acta de matrimonio y del testamento, puesto que el millonario patrimonio del fallecido debería ingresar al Estado. Entendiendo que, con las millonarias sumas, podrían emplearse en la construcción de una escuela, en dar soluciones habitacionales a los inundados de La Madrid, crear un albergue para las personas en situación de calle, o cualquier otro tipo de obra necesaria para el pueblo tucumano”, finalizó Martínez López Pondal.